CSIF considera un retroceso la reducción de los partidos judiciales propuesta por el CGPJ
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF Andalucía, considera un retroceso y un obstáculo para la ciudadanía y funcionarios de la Administración de Justicia, la propuesta del Consejo General del Poder Judicial, CGPJ, con la reducción de los partidos judiciales existentes en la actualidad.
En esta línea, el CGPJ ha aprobado los criterios y principios básicos para el nuevo modelo de demarcación judicial, cuya aplicación será la disminución de los 431 partidos judiciales a menos de la mitad, en concreto entre los 190 y 200, que supondrá la fusión de los mismos. A este respecto, el Consejo ha propuesto la sustitución del término ‘partido judicial’ por el de ‘circunscripciones’, bajo las premisas de atención y proximidad al ciudadano y para evitar desplazamientos del justiciable mediante comunicación telemática y el uso de las nuevas tecnologías.
Asimismo, para CSIF la creación de circunscripciones en una población superior a cien mil habitantes, significará que, en municipios y provincias con una densidad de población menor, se verán privadas de un acceso a la Administración de Justicia, en condiciones de igualdad con las grandes poblaciones. Por otro lado, el sindicato cree que con esta medida, se agravará la situación de las personas con discapacidad de escasa movilidad y con graves problemas de comunicación y acceso a los edificios judiciales.
Por lo que respecta a los empleados públicos que prestan servicio en la Administración de Justicia, esta medida supondrá una regresión a sus derechos, puesto que se traducirá a traslados de domicilios y familia o desplazamiento a diario del centro de trabajo actual al nuevo, entre otros. En definitiva, el sindicato tilda este hecho de “retroceso” en el acceso a la justicia del ciudadano y el empeoramiento de las condiciones de trabajo de todos los que trabajan en la Administración de Justicia.
Según la presidenta del sector Justicia de CSIF Almería, María Angustias Serrano, no se debe cargar al ciudadano, en estos momentos, con nuevas tasas y con desplazamientos que disuadan o limiten el derecho a la tutela judicial efectiva. “La justicia es un servicio público esencial y básico para todos los ciudadanos, con independencia del lugar en el que residan”, puntualiza Serrano.
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