Ayuntamiento de Almería y Colegio de Abogados crearán una oficina de intermediación hipotecaría

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El portavoz municipal del Equipo de Gobierno, Pablo Venzal, ha anunciado este lunes la firma de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Almería y el Colegio Provincial de Abogados de Almería para la puesta en marcha de una oficina de intermediación hipotecaria que permitirá ofrecer apoyo y asesoramiento a las personas que puedan verse afectadas en un proceso de ejecución hipotecaria.

Según las condiciones iniciales que se señalan en un borrador de convenio que el Ayuntamiento dirigirá al Colegio de Abogados, la voluntad de ambas partes es la de “facilitar a las personas y familias que tienen dificultades para hacer frente al pago de los préstamos hipotecarios y pueden encontrarse, por esta causa, en riesgo de perder su domicilio habitual, una vía de comunicación e intermediación entre la parte deudora y la entidad financiera, la información y asesoramiento dirigidos a encontrar una solución consensuada que pueda evitar y/o poner fina a la ejecución hipotecaria en vía judicial”.

El edil ha señalado que el acuerdo de colaboración queda también pendiente de la reunión que próximamente celebrarán el alcalde de Almería, Luis Rogelio Rodríguez-Comendador, y el decano del Colegio Provincial de Abogados, José Pascual Pozo, para profundizar en las condiciones que se incluirán en el convenio.

La colaboración municipal en esta iniciativa se concreta, según ha adelantado Venzal, “en una participación económica y además va a canalizar las solicitudes para que el colegio cree un turno de abogados a través del cual se prestará servicio a los afectados que se podrán dirigir bien al Ayuntamiento o al propio Colegio de Abogados, a quien corresponderá designar a los letrados que prestarán el servicio teniendo en cuenta su preparación y experiencia específica en las materias relacionadas con el contenido del servicio a desarrollar”.

Sobre la aportación económica que el Ayuntamiento haría en este caso, el portavoz municipal ha señalado que “es un tema que aún falta por consensuar entre las partes, dado que dependerá del número de letrados y asistencias que se incluyan en este servicio que pretendemos poner en marcha tratando de evitar, en última instancia y siempre que ello sea posible, los alzamientos derivados de la falta de pago de los créditos hipotecarios”, indicó.

 

Villa Pepita

 

Venzal se ha referido a este convenio prácticamente a la finalización de un Pleno, maratoniano el del día de hoy, en el que se han incluido mociones sobre temas que exceden la competencia municipal, como la reforma laboral o sobre la moratoria de energías renovables, y que han sido rechazadas con los votos favorables del Equipo de Gobierno. Sí que ha salido adelante por mayoría la modificación puntual nº 45 del PGOU-98, que prevé la actuación en suelo urbano consolidado situado entre el Paseo Marítimo y la Plaza Elena Piezzi, en la antigua finca “Villa Pepita”, en el barrio de El Zapillo. Venzal ha defendido la nueva ordenación prevista para este espacio “que mejora considerablemente las condiciones urbanísticas del entorno, consiguiendo una mayor integración de la ciudad con el litoral y facilitando la conexión directa entre el Paseo Marítimo, la Plaza Elena Piezzi y los nuevos espacios libres que se generan”.

El edil popular ha señalado que la modificación evita un apantallamiento que, en las actuales condiciones del PGOU, “negaría la posibilidad de asomar al mar los espacios públicos ya existentes en la zona. Mediante la nueva ordenación, se crea una conexión directa, se gana en permeabilidad y la edificabilidad se concentra abriendo espacios y eliminando las medianeras vistas de los edificios existentes”. Venzal ha solicitado el voto unánime a esta modificación (sólo se ha abstenido IU) por considerar que “plantea un planeamiento impecable y que responde al objetivo en el que venimos trabajando desde hace meses: desbloquear problemas endémicos y estructurales de la ciudad y que ahora salen adelante gracias a una colaboración que hemos demandado de otras administraciones”.

La modificación puntual hoy aprobada reduce la edificabilidad. De los 17.000 metros cuadrados que plantea el Plan General Vigente se pasa a 10.350 metros cuadrados. Además, y como aspecto destacable de la nueva ordenación, se califica la parte central de los terrenos, que contará con una anchura de 32 metros, como un espacio libre privado de uso público. En total 1.703 metros cuadrados de superficie.

 

Plaza Carabineros

 

La aprobación de esta modificación ha dado pie al portavoz municipal a requerir a los grupos municipales de la oposición, PSOE e IU, “compromiso y altura de miras” y solicitar mañana mismo a la Junta de Andalucía que ceda a la ciudad el espacio de Plaza Carabineros. “Queremos que se ceda este espacio a la ciudad para seguir creando espacios libres. Si a cambio la Junta de Andalucía tiene alguna necesidad de infraestructuras, buscaremos alternativas de mutuo acuerdo. Estamos decididos a recuperar este espacio convencidos de que, si a la actuación en Villa Pepita sumamos el espacio que genera la Plaza Carabineros, completaríamos una actuación fundamental para la ciudad, toda vez que permitiría mejorar la conexión desde la Avenida Cabo de Gata con el Paseo marítimo y la playa”.

Ya en el año 2010 el anterior Equipo de Gobierno presentaba una moción en este sentido. Solicitaba entonces a la Junta, como propietaria del terreno, la cesión de aproximadamente 752 metros cuadrados de superficie. El solar, propiedad anteriormente de Patrimonio del Estado, pasó a manos de la administración andaluza como pago de la denominada deuda histórica. En desuso desde hace décadas, ha sido objeto de numerosas reivindicaciones por parte de los vecinos así como de sucesivas corporaciones municipales, que han visto frustradas las reiteradas solicitudes hechas para su cesión al municipio.

Por último, significar que también se ha aprobado hoy definitivamente la Ordenanza reguladora de Vías de Estacionamiento Limitado. La nueva ordenanza, que entrará en vigor con su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, regula el funcionamiento del servicio de Regulación y Ordenación de Aparcamientos (ROA), una vez se han resuelto las alegaciones presentadas por los ciudadanos. La concejala responsable del área de Movilidad y Seguridad, María Muñiz, ha explicado que la peticiones formuladas por la oposición respecto a que se exima a quienes soliciten la tarjeta de residente del pago del certificado acreditativo de no tener deudas con el Ayuntamiento, “se estudiará ya que los técnicos municipales entienden que es precisa la modificación de la ordenanza fiscal”. Asimismo, Muñiz ha subrayado que “la voluntad municipal resolver la petición vecinal en torno a la calle Cervantes, y que ésta quede establecida como zona residente dentro de la nueva ordenación de calles”

 

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