EL IMPARCIAL.- El Gobierno anuncia una subida del IRPF y el IBI durante los dos próximos años para recaudar 6.000 millones

• Twittear

El Gobierno ha aprobado hoy “un recargo complementario y temporal” de dos años en rentas de trabajo y “especialmente” de capital en el IRPF, así como el alza del impuesto de bienes inmuebles (IBI) y la supresión de las bonificaciones al gasóleo profesional, con lo que espera ingresar más de 6.000 millones.

Así lo ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha desgranado posteriormente las medidas fiscales adoptadas por el Ejecutivo, ha asegurado que el impacto recaudatorio supondrá unos ingresos superiores a los 6.000 millones y ha precisado que en un escenario normal podría ser de 6.200 o 6.300 millones.

 

Montoro ha incidido en que la mitad de la recaudación del IRPF tiene como destino las comunidades autónomas, mientras que la del impuesto de bienes inmuebles la ingresan las corporaciones locales, por lo que ha subrayado que de esta forma se está financiando la administración territorial.

 

Déficit más abultado

El Gobierno ‘popular’ ha reconocido que el déficit público ha superado “sustancialmente” la previsión inicial del Gobierno socialista y se estima ahora que alcanzará el 8%, dos puntos porcentuales por encima de lo comprometido con Bruselas.

 

“Se ha producido una desviación sustancial”, ha señalado la portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha dicho que esta desviación obligará a tomar medidas extraordinarias.

 

Según ha señalado, la desviación es muy alta y lleva a una situación “extraordinaria” que obliga a tomar decisiones “extraordinarias”, aunque el Gobierno “no vacilará” al hacerlo.

 

Del mismo modo, el Gobierno ha dado ‘luz verde’ a un acuerdo de no disponibilidad de gasto por valor de 8.900 millones que afectará a los distintos ministerios del nuevo Ejecutivo.

 

Ésta es una de las medidas que se han aprobado en el Consejo de Ministros que ha servido para sacar adelante las primeras iniciativas para reducir el déficit en al menos 16.500 millones en 2012.

 

Este acuerdo de no disponibilidad se incluye en la prórroga de los Presupuestos de 2011, que estarán vigentes hasta que en marzo de 2012 se presenten unas cuentas nuevas.

 

Prórroga de la ayuda de 400 euros

Sáenz de Santamaría ha anunciado que el Consejo de Ministros ha aprobado prorrogar seis meses más la ayuda mensual de 400 euros a los desempleados que se formen y que están contempladas en el Programa Prepara.

 

El anuncio lo ha hecho en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el que ha anunciado un amplio paquete de medidas para reactivar la economía y generar empleo, al tiempo que se protege a los más desfavorecidos y los pensionistas. Según ha recordado Sáenz de Santamaría, la ayuda de 400 euros finaliza el próximo mes de febrero, pero el Gobierno ha decidido prorrogarla seis meses más.

 

Esos 400 euros los cobran los parados que hayan agotado sus prestaciones, carezcan de rentas y participen en programas de formación.

 

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha cifrado en 300 millones el coste de prorrogar esos seis meses el plan Prepara.

 

Las pensiones suben un 1%

La vicepresidenta ha afirmado que las pensiones subirán un 1%, y que la actualización se ha hecho en función de la previsión del IPC para 2012.

 

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha explicado que el coste de revalorizar las pensiones el año que viene es de 968,47 millones de euros.

 

Según los cálculos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, la pensión media, de 810,85 euros, se incrementará el año que viene en 8,11 euros al mes, lo que supondrá una mejora anual de 113,52 euros.

 

Menor incremento tendrá una pensión de 500 euros, que será mejorada en 5 euros al mes y 70 euros al año.

 

En el caso de la pensión contributiva más alta, de 2.500 euros, su revalorización será de 25 euros al mes, lo que se traducirá en 350 euros más al año.

 

De los 968,47 millones de euros que cuesta el alza del 1 %, 938,32 millones se destinarán a subir las pensiones contributivas y Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI), 20,69 millones a las pensiones no contributivas y 9,46 millones a las prestaciones familiares.

 

Por otra parte, el Consejo de Ministros también ha autorizado a la Seguridad Social que consolide en la nómina de los pensionistas de mínimas, SOVI, no contributivas y prestaciones familiares la desviación del IPC del 1,9 %, registrada en noviembre de 2011.

 

El importe de esta consolidación es de 414,18 millones de euros, por lo que si se suma esta partida a los 968,47 millones del coste de revalorizar el 1 % las pensiones en 2012, la Seguridad Social deberá desembolsar el año que viene un total 1.382,65 millones de euros.

 

Según Fátima Báñez, con la revalorización de un 1 % de las 9,4 millones de pensiones que hay y con el pago de la desviación del IPC se evita que las prestaciones pierdan poder adquisitivo el año que viene.

 

En cuanto a la paga de la desviación del IPC, Báñez ha indicado que se hará en la tercera semana de enero.

 

Supresión del canon digital

El Consejo de Ministro ha acordado la supresión del canon digital y la regulación, en cumplimiento de la ley Sinde, de la Comisión de Propiedad Intelectual para proteger los derechos de los creadores frente al “expolio” de las páginas de internet de descarga ilegal de contenidos.

 

Las medidas han sido anunciadas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros por la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, quien ha explicado que el canon digital será sustituido por un sistema de compensación de copia privada.

 

Los criterios de fijación y determinación de esta compensación serán marcados por el Gobierno en un real decreto, ha indicado la vicepresidenta, quien recordó que la supresión del canon fue acordado por las Cortes a propuesta del PP y subrayó que con esta medida su partido cumple un compromiso electoral.

 

Además, el Gobierno ha dado luz verde “en cumplimiento” de la denominada ley Sinde, cuyo reglamento dejó sin aprobar el anterior Ejecutivo, a la regulación de la Comisión de Propiedad Intelectual.

 

Sáenz de Santamaría ha explicado que esta comisión se ocupará de “proteger los derechos de los propietarios, creadores y otros titulares frente al expolio lucrativo de las webs de descargas ilegales”.

 

“Quiero aclarar que solo se va a actuar, y siempre, con la correspondiente protección judicial, frente a quienes indebidamente se lucran de los derechos de propiedad intelectual de otros. Sólo contra los que hacen negocio de esas descargas ilegales”, ha precisado.

 

La vicepresidenta del Gobierno ha destacado que con esta norma “España entra en el estándar internacional de lucha contra la piratería”.

 

“Cumplimos nuestros compromisos electorales, pero también nuestros compromisos internacionales”, ha añadido.

 

Congelación de la tarifa eléctrica y subida del 0,5% del gas natural

La tarifa eléctrica de último recurso (TUR), a la que están acogidos unos 20 millones de consumidores, se congelará en la revisión de enero, mientras que la tarifa regulada de gas se incrementara un 0,5 % de media.

 

Según detalló hoy el Ministerio de Industria, el incremento del gas supone una subida de la factura trimestral para un consumidor tipo de 57 céntimos de euro.

 

En concreto, la TUR 1, un hogar que utiliza el gas natural sólo para el agua caliente, aumenta un 0,9 % y la TUR 2, hogares con agua caliente y calefacción, sube un 0,3 %.

 

En el sistema gasista hay 7,3 millones de clientes, de los que 3 millones están acogidos a las tarifas reguladas mientras que 4,3 millones están en el mercado.

 

En cuanto a la luz, Industria señala los consumidores no verán incrementada su tarifa en el próximo trimestre.

 

La tarifa de último recurso eléctrica se compone prácticamente al 50 por ciento de dos grandes partidas: el coste de la energía y los peajes.

 

En la subasta celebrada para fijar la primera partida, la electricidad se abarató en torno al 10 %, un descenso que permite incrementar la otra parte -que sirve para remunerar los costes del sistema y contribuye a aliviar el déficit-, en un porcentaje similar para los consumidores domésticos sin incrementar la tarifa final.

 

El Gobierno también ha decido congelar el precio de la bombona de butano en 15,09 euros.

 

Acuerdan bajar las subvenciones a partidos, sindicatos y patronal

Además, el Consejo de Ministros ha acordado reducir en un 20 por ciento las subvenciones que reciben los partidos políticos, los sindicatos y las organizaciones empresariales, lo que, en conjunto, supondrá un ahorro de unos 85 millones de euros.

 

Así lo ha comunicado hoy en rueda de prensa la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, quien ha enmarcado esta medida en las decisiones extraordinarias que el Ejecutivo se ha visto obligado a tomar ante “la situación extraordinaria y no prevista”.

 

Estas decisiones se incluyen en el decreto ley de medidas económicas, financieras y presupuestarias para la contención del déficit público y otros reales decretos de apoyo aprobados hoy, que contemplan también una reducción de las estructuras administrativas de la Administración del Estado en el segundo escalón, el correspondiente a subsecretarios y direcciones generales, que bajan un 18,9 por ciento.

 

Por ejemplo, según ha ilustrado Sáenz de Santamaría, se suprimen 30 direcciones generales.

 

Respecto a las fuerzas políticas, ha especificado que el Gobierno enviará al Congreso un proyecto de reforma de la ley de financiación de partidos políticos, de 2007, con el fin de reducir en un 20 por ciento las subvenciones que reciben con cargo a los presupuestos generales del Estado, lo que equivaldrá a 29,68 millones de euros.

 

La actual ley de financiación de partidos políticos establecía la cuantía base para el año 2008 y la actualización mínima del IPC año a año.

 

Además, el Gobierno reducirá un 20 por ciento las subvenciones a sindicatos y organizaciones empresariales, lo que la vicepresidenta ha cifrado en unos 55 millones de euros.

 

• Twittear