El fiscal superior alerta de «formas de corrupción sin precedente» en Empleo

Según publica hoy ABC en su edición de Andalucía :

Los intentos de la Junta por minimizar el escándalo de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos no sólo no convencen a PP e IU, tampoco los jueces ni fiscales le dan pábulo. Bien al contrario, el fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, mostró ayer su «preocupación» por las nuevas «formas de corrupción» que ha surgido en la Consejería de Empleo y de las que no hay antecedentes en años anteriores. En concreto se refirió a las prejubilaciones irregulares gestionadas por Empleo, que está investigando el juzgado de instrucción número seis de Sevilla. El departamento que dirige Manuel Recio tiene otros dos frentes judiciales abiertos: uno por las ayudas del Fondo Social Europeo para la contratación en empresas y otro fraude en las subvenciones de empleo, adelantado por ABC.

Según el fiscal superior, que presentó la memoria de 2010 a la Prensa, «la lucha contra la corrupción es una cuestión fundamental, y máxime en una situación de crisis económica como la que padecemos». «El dinero público debe ser fiscalizado hasta el último euro», añadió. Las herramientas que han utilizado jueces y fiscales en casos de corrupción vinculados con el urbanismo y el ámbito municipal pueden quedar obsoletas ante las complejas ramificaciones en la administración autonómica de un caso como el de los ERE.

150.000 folios

Hasta el momento, el Gobierno andaluz ha enviado a la juez 150.000 folios, una profusa información que abarca documentos sobre los 68 ERE subvencionados por la Junta, así como los organigramas de cuatro consejerías (Presidencia, Empleo, Hacienda y Economía e Innovación) y los informes de la Intervención General que advertían sobre la falta de controles y fiscalización de las ayudas a empresas en crisis, concedidas con cargo a la partida 31L, que Empleo transfería al Instituto de Fomento de Andalucía (actual agencia IDEA). El propio Ejecutivo andaluz ha reconocido que 72 personas ajenas a las empresas beneficiadas con los ERE se beneficiaron de pólizas.

García Calderón abogó por actuar con «discreción y eficacia bajo un principio de imparcialidad» y elogió la labor de los fiscales delegados en Andalucía de la Fiscalía Anticorrupción los cuales están en Almería, Málaga, Cádiz y Sevilla, donde comenzó la investigación del caso «Mercasevilla». Para estos fiscales, pidió más medios y más apoyo en sus funciones. «La corrupción se vinculaba con problemas urbanísticos», señaló el fiscal, añadiendo que «ya tampoco se vincula tanto desgraciadamente», a raíz del pinchazo de la burbuja inmobiliaria.

El presidente del PP-A, Javier Arenas, vaticinó ayer que «lo más gordo» de la Consejería de Empleo está «por salir y acabará en los despachos» de dos presidentes de la Junta, por lo que sostuvo que «sin limpiar a fondo» este departamento «no se gana crédito en la lucha contra el paro».

El dirigente popular criticó el «profundo error» de la Junta y el PSOE de haber impedido en el Parlamento una comisión de investigación sobre los ERE irregulares, una iniciativa que los populares han pedido en cuatro ocasiones.

Auguró nuevas irregularidades, porque «se han dado de baja multitud de partidas destinadas al empleo, al autoempleo, a la prevención de riesgos laborales y a la formación para implementar fondos que han terminado en créditos que se han condonado, en ayudas caprichosas a empresas que nadie entiende».

El consejero de Empleo, por su parte, volvió ayer a minimizar el caso de los ERE negando la «sensación» que puede existir en la sociedad de que los miles de trabajadores acogidos a ERE han actuado mal. Afirmó que «sólo» el 1 por ciento de los afectados han cometido presumiblemente irregularidades. No dijo que ese fraude se ha cifrado por el propio Gobierno en poco más de 9 millones de euros.

Vetan preguntas en el Congreso

El Gobierno vetó ayer la inclusión en el orden del día de la sesión de control al Ejecutivo de hoy en el Congreso de una pregunta registrada a última hora por el PP para pedir explicaciones al vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, sobre las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo autorizados por la Junta de Andalucía. Así lo denunció en rueda de prensa en la Cámara Baja la portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, quien acusó al Ejecutivo de imponer «un nuevo veto para rehuir los debates que le incomodan». La iniciativa fue registrada en el plazo estipulado, según el grupo popular.

Escrito por direccion en 22 jun 2011. Archivado bajo Noticias Andalucía, Titular, Última Hora.
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