Arenas afirma que la Junta trata de resolver el escándalo de los EREs “tapando” y Valderas denuncia que el Gobierno andaluz quiere controlar “el Parlamento y la Justicia”
La decisión del Consejo de Gobierno de la Junta de no dar a la juez las actas que ha solicitado, ha desatado las críticas
El presidente del PP-A, Javier Arenas, tras el anuncio de la Junta de no remitir las actas de sus reuniones de los últimos diez años que le ha reclamado en un auto la juez que instruye la investigación sobre las irregularidades detectadas en expedientes de regulación de empleo, ha manifestado que “tapando y tapando no se recupera el prestigio”. Arenas ha manifestado que “no se ha colaborado desde el primer día de forma activa con la Administración de Justicia”.
Asimismo, ha afirmado que le gustaría “que se haga lo que proceda legalmente, en cualquier supuesto, pero que haya una sincera colaboración con la justicia”, lo cual a su juicio, “ha faltado desde el principio, como si los escándalos se pudieran resolver maquillándolos o tapándolos”.
El presidente del PP-A se ha pronunciado en este sentido después de que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía haya acordado este martes no remitir las actas de sus reuniones de los últimos diez años que le ha reclamado en un auto la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, en el marco de la investigación sobre las irregularidades detectadas en expedientes de regulación de empleo tramitados por la administración autonómica, por considerar que se trata de un requerimiento “indiscriminado” que “vulneraría la Ley del Gobierno de la Comunidad Autónoma”, que acredita su carácter “reservado”.
Por su parte, el coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, ha asegurado que el Gobierno andaluz ha demostrado en el caso de las irregularidades detectadas en los Expedientes de Regulación de Empleo que “no sólo quiere controlar al Parlamento, vetando la celebración de una comisión de investigación, sino también a la Justicia, al negarle las actas de los Consejos de Gobierno de los diez últimos años, solicitadas por la juez que lleva el caso”.
Valderas cree que desde un punto político y no jurídico, el principal argumento del Gobierno andaluz de “colaboración estrecha y exhaustiva con la Justicia se viene abajo”. ”Si el Gobierno puede acordar hacer públicas las actas, siendo una potestad suya, por qué no lo hace”, se ha preguntado, mostrándose convencido de que el Gobierno andaluz no esperaba “la diligencia y la firmeza” de la juez que instruye el caso, la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya.
Ha pedido, asimismo, al Gobierno andaluz que reflexione sobre su colaboración con la Justicia, que debería ser “más estrecha y rotunda”.
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