El PSOE devuelve a los funcionarios al siglo XIX con una Ley claramente inconstitucional
Son muchos los ciudadanos que se preguntan por qué a los funcionarios no se les puede despedir; contra este colectivo y fundamentalmente por esta cualidad de su puesto de trabajo, se está levantando una animadversión cuando no desprecio. Antes de que “criminalicemos” la función pública debemos saber que fue un logro histórico de la ciudadanía y, como tal, hoy deberíamos enfatizarlo y no denostarlo y hasta perseguirlo.
Seguramente nadie se habrá creído el título de este artículo, pero lo cierto es que el Sr. Griñán (presidente de la Junta de Andalucía) ha presentado al parlamento y aprobado la ley 5/2010 desarrollada para consolidar el personal contratado en entidades instrumentales; y, desde luego, yo entiendo que es lo que sucederá.
Estas sociedades fueron constituidas para externalizar los servicios públicos mediante la constitución de empresas públicas y fundaciones, y la contratación de autónomos a través de la figura de asistencias técnicas; eufemismo que indica que nuestros políticos en ejercicio, han creado un entramado de empresas publicas fundaciones (Entre 2003 y 2008 se ha pasado de 163 fundaciones públicas a 541, de las que 344 son autonómicas) que en muchos casos han servido para ocultar el autentico déficit de las administraciones publicas y en otros para transferir deuda, por ejemplo comprando suelo rústico de determinados ayuntamientos a diez veces su valor de mercado; aunque a nivel laboral, su verdadera naturaleza haya sido la de contratar a dedo y colocar a “los míos ”.
Y con la metáfora “consolidar el personal contratado en entidades instrumentales” el señor Griñán pretende por la “fuerza de la ley” aunque sin la “fuerza de la razón” a los contratados “a dedo” de esas entidades instrumentales, convertirlos en funcionarios de pleno derecho.
Esta feliz idea cuenta con el respaldo de los sindicatos mayoritarios, estando en contra los sindicatos minoritarios, los funcionarios, algunos grupos políticos (entre los que se encuentra Upyd) y las gentes de orden y de bien, que sin conocimiento o con él están defendiendo, más allá del sentido común, la constitución, la historia y las leyes.
Los opositores a esta ley, defienden la constitución, porque en ella se establece lo siguiente:
– Art. 103 que la Administración Pública sirve con objetividad a los intereses generales y actúa de acuerdo con el principio de eficacia, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho, y que la Ley regulará el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, determinantes para la imparcialidad y eficacia.
– Art 23.2 insistirá en que todos los ciudadanos tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos.
Defienden la ley, porque el Estatuto Básico del Sector Publico establece que Los Funcionarios, son los encargados de realizar las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de potestades públicas o salvaguarda del interés general.
Y defienden la historia, porque “la salvaguarda del interés general” que han de realizar los funcionarios, es un logro social y político que debemos a nuestros mayores, hemos de recordar que durante el siglo XIX, los funcionarios eran cesados según entraba un nuevo gobierno (creando la figura social del cesante) que quería funcionarios dóciles y amaestrados; fueron hombres como López Ballesteros, Bravo Murillo, O´Donnell ó Maura quienes en aras de mejorar el servicio a los ciudadanos y eliminar la figura del “Cesante” establecen una Administración jerarquizada que ejercita funciones de autoridad, ajena a vaivenes políticos; que es justo lo que ahora queremos instaurar.
Lo cierto es que en España, llevamos tiempo olvidando cual es la labor del funcionario, hemos dejado de saber porque es intocable en su puesto de trabajo; es más, los funcionarios creen que su situación ante el despido es un “derecho natural” y no han sabido o no han podido luchar contra un poder político que ha querido y ha podido doblegar su voluntad. Con esta situación, los funcionarios son a la luz de la ciudadanía trabajadores privilegiados porque no pueden ser despedidos.
Es por tanto que con la ley 5/2010, Griñán quiere aupar a la función publica, sin que se sometan a los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad a 27.000 trabajadores que habían entrado en las empresas publicas creadas “a dedo”, y que ahora, antes de dejar el gobierno, quieren pasar a funcionarios “por arte de magia”.
El riesgo es perder definitivamente la luz del horizonte de la historia, perder la razón de la situación, perder el reconocimiento de la labor fiscalizadora y garante del “bien común”; lo que llevado a su ultima consecuencia y si tenemos en cuenta que la situación solo puede agravar unas cuentas públicas ya deterioradas y que un gobierno entrante agobiado por una situación de personal desbordada y heredada, tenga que despedir en base a la ley de Griñan a los funcionarios admitidos y ya de paso a los que no interesen, además con el beneplácito de la ciudadanía que no verá en ello pérdida de derechos propios sino de privilegios ajenos.
Estos riesgos y otros que estamos sufriendo por acción u omisión de los políticos tradicionales, son los que inspiran a los miembros de Unión Progreso y Democracia, a trabajar tras su jornada laboral para conseguir que esta opción política pueda devolver, a España la cordura institucional que los ciudadanos se merecen; y a los funcionarios, la posición que nunca debieron perder, ni dejarse arrebatar, dentro del estado.
Creo que a este país hay que recordarle la historia continuamente y una buena forma seria sustituir las palabras del escudo (de los escudos) “nom plus ultra” por “los países que no conocen su historia, están condenados a repetirla”.
José Luis Raya de la Cruz Opinion, Coordinador local de UPyD en Almería
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