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¿Despido para funcionarios?
¿Y por qué no? ¿Acaso la crisis no ha puesto en evidencia una serie de desmanes en España? ¿No se habla de la necesidad de aprovechar el momento para realizar un profundo cambio estructural en nuestro país? ¿No afirman los expertos que hay que realizar profundos cambios en nuestro modelo actual de convivencia para en un futuro no caer de nuevo en los errores actuales? ¿Acaso se ven avocadas a despedir trabajadores las empresas privadas para evitar el cierre y ser muchos más los que engrosan la lista del desempleo?
Pues increíblemente parece que todo en España es discutible y discutido y sin embargo los empleados públicos, los funcionarios, y sus privilegios son intocables. Mientras se puede hablar de cambios en el sistema autonómico para evitar el despilfarro en las administraciones, parece que no es posible abordar el desmesurado gasto que suponen los numerosos funcionarios en las diversas administraciones. Mientras para el resto de los trabajadores no hay problema en pedir toda clase de recortes salariares y derechos laborales, parece que esto mismo no puede hacerse con los funcionarios. Mientras se pide eliminar muchos de los injustos privilegios de la “casta política” y al “personal de confianza”, parece que los de los funcionarios son “tabú”.
Lo cierto es que los funcionarios públicos son privilegiados en comparación con el sector privado, y que hoy en España existen dos “castas” de trabajadores, los del sector privado sin derecho a rechistar por el temor a una indemnización de miseria, a la condena de una percepción por desempleo con fecha de caducidad y al poco deseable futuro de vivir de la caridad de la familia o de organizaciones humanitarias; o los empleados públicos (funcionarios) donde la garantía de un trabajo de por vida les posibilita una inestimable ventaja a la hora de concesión de créditos bancarios, cursos de formación gratuitos, un salario garantizado bastante respetable con sus dos pagas extraordinarias y que muy al contrario de lo que se dice no está por debajo de los sueldos medios de la empresa privada, toda clase de derechos de maternidad, permisos por enfermedad grave de un familiar, días por mudanza sin temor a que se tomen represalias, un buen horario de trabajo que cumples sin que nadie te pueda presionar para que eches más horas, tu salario no depende de productividades y horas extras, la mayoría de los funcionarios no trabajan por las tardes lo que permite una buena conciliación familiar y laboral, excedencias conservando el puesto de trabajo durante años, la libertad de elección de entidad sanitaria y facultativo, permisos, descansos laborales, vacaciones garantizadas y un largo etc.
No es por tanto nada extraño que como consecuencia de lo que ya sabemos en relación a los privilegios en la función pública y de lo que nos vamos enterando a través de los medios de comunicación, porque curiosamente procuran que no nos enteremos el resto de los trabajadores, se puede llegar a comprender el motivo por el que la mayoría de los estudiantes universitarios tengan como meta en su vida llegar a ser funcionarios.
Según la EPA del primer trimestre de 2010, el total de funcionarios en nuestro país asciende a 3.088.400. Con estos datos hemos podido saber que en España hay más funcionarios que empresarios. Mientras por la crisis numerosas pymes echan el cierre, el sector público aumenta el número de funcionarios y para ello basta echar un vistazo a cualquier boletín oficial para confirmarlo. Hablamos, según los últimos datos de la EPA, por cada 100 españoles que trabajan 17 son funcionarios.
Lo más preocupante de todo esto no es ya el costo que supone mantener a todo este personal, ni la contradicción que supone convocar nuevas oposiciones cuando se reducen salarios y las administraciones aumentan su déficit; sino que los licenciados universitarios y los desempleados prefieren convertirse en funcionarios que crear su propia empresa y generar puestos de trabajo. Esto lastra aún más la economía española, porque el sector público no crea empleo y cuando lo hace es a costa de disparar el gasto, lo contrario de lo que necesitamos en estos momentos.
Mientras en España los partidos políticos no se atreven a abrir la caja de “pandora” del empleo público por miedo a esos más de 3.000.000 de votos, países que mantiene mejor el tipo ante la crisis como Alemania, Francia y Reino Unido ya han empezado a hacer recortes de funcionarios e incluso Italia ha roto el silencio sobre el tema y prepara medidas para despedir a los funcionarios que no lleven a cabo su trabajo.
En la grave situación actual y la necesidad de salir cuanto antes de la crisis cimentando unas bases solidas para un mejor futuro económico y social no valen los argumentos de los funcionarios para defender sus privilegios de que así se garantiza la independencia política de los trabajadores públicos, los ciudadanos sabemos que junto a muchos españoles que sacaron su oposición a base de codos, son otros muchos los que recibieron alguna “ayudita” por ser próximos al partido gobernante en el momento. ¡Ahí tenemos los 25.000 empleados de empresas públicas no funcionarios que Griñán quiere convertirlos en empleados públicos ante el temor que estos “amiguetes” del PSOE pierdan su empleo si los socialistas no ganan las próximas elecciones autonómicas! ¿Y qué me dicen de la imparcialidad de muchos de los funcionarios de administraciones en manos socialistas desde hace más de tres décadas?
El tema de los privilegios de los empleados públicos debe ser otro de los puntos abordados en esta “catarsis” que ha traído a Occidente la crisis económica. Cuanto antes nos demos cuenta, especialmente los otros más de dieciocho millones de españoles que trabajamos, antes comenzaremos a construir una sociedad laboralmente más justa, sin discriminaciones y menos aún sin privilegios.
Escrito por Redacción TAN! en 1 nov 2010. Archivado bajo La Aguja.Puedes seguir las respuestas de esta entrada por el RSS 2.0. Los comentarios y pings están cerrados por el momento.
