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Pedro Sánchez y Pablo Iglesias firman el acuerdo para los Presupuestos de 2019

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, han firmado este jueves en La Moncloa a primera hora de la mañana el acuerdo para los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019.

El jefe del Ejecutivo había citado este jueves a las 8.30 horas al líder morado para rubricar el documento que Gobierno y Podemos cerrando durante la noche este miércoles, tras días de intensos contactos para salvar los escollos que habían surgido en la última fase de la negociación.

Iglesias y Sánchez terminaron de resolver dichas diferencias en el encuentro que mantuvieron este miércoles por la tarde en La Moncloa y tras revisar el documento los respectivos equipos, el líder de Podemos ha vuelto este jueves para firmar el acuerdo.

El Ejecutivo y la formación de Iglesias llevaban desde el mes de agosto negociando las cuentas públicas y ambas partes preveían tener listo el acuerdo global esta semana, antes de mandar a la Comisión Europea, como tarde el 15 de octubre, las líneas generales del plan presupuestario.

Sin embargo, las negociaciones se estancaron el pasado fin de semana, después de que el Gobierno remitiera a Podemos una propuesta por escrito que resultó “decepcionante” para los ‘morados’, al no plasmar los compromisos verbales que, según Podemos, había manifestado el Ejecutivo.

El partido de Iglesias anunció el lunes que en ese momento estaban en el ‘no’, porque faltaban algunas de las medidas que consideran prioritarias y fundamentales, como las destinadas a pinchar la burbuja del alquiler, la subida del salario mínimo a 1.000 euros en 2019, la recuperación del subsidio por desempleo a partir de los 52 años y la provisión de fondos para pagar las ayudas de dependencia a los beneficiarios que no las cobran.

Gobierno y Podemos acuerdan reformar la cotización de los autónomos para vincularla a sus ingresos reales

Gobierno y Unidos Podemos han acordado reformar en 2019 el sistema de cotización de los trabajadores autónomos para vincularlo a sus ingresos reales, garantizando a los que tengan menores ingresos una cotización más baja.

Así consta en el acuerdo sobre Presupuestos Generales del Estado para 2019 que han firmado esta misma mañana en el Palacio de La Moncloa el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de Unidos Podemos, Pablo Iglesias.

En materia de autónomos ambas partes han acordado también combatir, antes de finalizar 2018, la proliferación de los llamados ‘falsos autónomos’ a través de una serie de medidas, entre ellas el establecimiento en la ley de la presunción de que, salvo prueba en contrario, se considerarán relaciones laborales por cuenta ajena la prestación de servicios en la que los ingresos obtenidos por los trabajadores procedan de un único cliente o empleador.

Asimismo, han pactado evaluar y revisar, en un plazo de cuatro meses, el régimen especial de criterio de caja en el IVA para hacerlo atractivo a autónomos y pequeñas empresas y conseguir que sea un sistema efectivo de diferimiento de ingresos del IVA hasta el cobro de sus facturas.

En el documento firmado, Gobierno y Podemos subrayan que el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), al que están afiliados más de tres millones de cotizantes, debe evolucionar para adaptarlo mejor a las distintas situaciones en las que se encuentra el colectivo.
Gobierno y Podemos pactan subir el salario mínimo a 900 euros en 2019

Gobierno y Unidos Podemos han pactado llevar el salario mínimo interprofesional (SMI) en 2019 hasta 900 euros mensuales en el marco de la negociación para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado del próximo año, según han informado a Europa Press en fuentes de la negociación.

Uno de los escollos que estaban impidiendo llegar al acuerdo era la exigencia de Podemos de que el SMI subiera a 1.000 euros al mes, aunque el Gobierno era partidario de quedarse por debajo de esta cantidad. Finalmente, el acuerdo contempla un SMI de 900 euros mensuales para 2019.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió el pasado mes de julio a llevar el salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 1.000 euros mensuales para el ejercicio 2020.

Actualmente el SMI está situado en 735,9 euros mensuales, por lo que elevarlo a 900 euros supone un incremento porcentual del 22,3%, el equivalente a 164,1 euros más.

El Gobierno de Mariano Rajoy pactó con los sindicatos una subida progresiva del SMI para llevarlo hasta los 850 euros mensuales en 2020. En concreto, Rajoy acordó un aumento del 4% en 2018, del 5% en 2019 y del 10% en 2020. Al final del periodo, el SMI llegaría a los 850 euros mensuales.

No obstante, Gobierno y Podemos han pactado ir más allá para subir el SMI hasta 900 euros ya en 2019.

El Gobierno acepta limitar las subidas abusivas de los alquileres como pedía Podemos para apoyar los Presupuestos

El Gobierno se ha comprometido a modificar en 2019 la normativa del mercado del alquiler inmobiliario “para poner techo a las subidas abusivas de precios de alquiler en determinadas zonas” que se consideren “tensionadas”, tal y como le había pedido Unidos Podemos, como requisito indispensable para cerrar el acuerdo de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019. En las cuentas se incluye también un aumento del 38% del presupuesto para vivienda.

Así consta en el documento de 50 páginas que han firmado este jueves a primera hora de la mañana en La Moncloa el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y al que ha tenido acceso Europa Press.

El acuerdo incluye como tercer punto las medidas relativas a vivienda, destinadas a “blindar su función social y evitar la especulación” y, entre ellas, figura la de dar a los Ayuntamientos la capacidad de intervenir en el mercado de alquiler para limitar precios, a través de los proyectos normativos necesarios que el Gobierno se ha comprometido a llevar a cabo en 2019.

LOS AYUNTAMIENTOS REGULARÁN LOS PRECIOS
En concreto, el compromiso pasa por permitir que los Ayuntamientos puedan “declarar, temporal y excepcionalmente, una zona urbana de mercado tensionado cuando se haya producido un incremento abusivo de las rentas de alquiler de vivienda habitual, que obstaculice a sus habitantes el acceso y el disfrute de una vivienda a un precio razonable, y, con ello, el ejercicio del derecho constitucional a una vivienda”.

Para ello, la reforma legislativa habilitará a los Ayuntamientos para la elaboración de un índice de precios de alquiler de referencia de acuerdo a una metodología objetiva y sujetos a revisión periódica.

Según se recalca en el acuerdo, “el objetivo de los índices de referencia es que los Ayuntamientos y/o CCAA que así lo consideren puedan regular y limitar las subidas abusivas del precio del alquiler en las zonas previamente declaradas tensionadas y a la vez evitar posibles efectos de contracción de la oferta de vivienda en alquiler”.

El Gobierno también se ha comprometido a “ampliar progresivamente el presupuesto actual en materia de Vivienda consignando en 2019 630 millones de euros (un aumento del 38%), 700 en 2020 y 1.000 en 2021. “En 10 años España debería invertir el 1-1’5% del PIB”, añaden.

Además, el Ejecutivo ha acordado con Podemos aumentar en 20.000 el número de viviendas en alquiler a precios asequibles, mediante un plan a cuatro años, y elaborar en 2019 una normativa que establezca “el carácter estrictamente social de la vivienda de protección pública”, que garantice “su explotación únicamente para alquiler de personas particularmente vulnerables, evitando que sean vendidas o explotadas por fondos buitre e impidiendo que sean enajenadas con un beneficio”.

Este nuevo Plan Estatal de Vivienda contemplará asimismo la creación de “una línea de financiación para que las CC.AA. que así lo han regulado puedan ejercer los derechos de tanteo y retracto en las transmisiones de viviendas adquiridas”. “También contendrá ayudas a las AA.PP. para la adquisición de vivienda ya construida”, añaden.

También “se establecerá un programa de financiación para rehabilitación de vivienda destinada al alquiler, incluyendo a pequeños propietarios que rehabiliten sus pisos y los pongan en alquiler a precios asequibles”, y “se elaborará un Plan de actuación de SAREB para garantizar la firma de convenios con Comunidades Autónomas y Ayuntamientos que impulsen la utilización de viviendas para alquileres sociales”.

Según el acuerdo, el Gobierno diseñará además un marco legal que defina la vivienda vacía y al gran “tenedor de vivienda”, y ponga a disposición de las CCAA y los municipios distintas herramientas tanto para su detección y diagnóstico.

POSIBLES SANCIONES PARA LOS GRANDES TENEDORES
Esta reforma irá acompañada de una “política específica” que permita establecer en los distintos supuestos del fenómeno las medidas más adecuadas, entre las que podrían incluirse sanciones a los grandes tenedores “para movilizar vivienda vacía”.

Es decir, el Gobierno se compromete, como pedía Podemos, a crear “un marco donde los grandes tenedores de vivienda colaboren con la administración competente para poner a disposición del mercado de alquiler la vivienda vacía a precio
razonables”.

Por último, este apartado para “incrementar el número de viviendas en alquiler a precios asequibles y evitar la burbuja especulativa” incluye el compromiso del Ejecutivo de impulsar “la aprobación parlamentaria de la normativa que refuerce la protección de las personas hipotecadas, la
transparencia de las condiciones de contratación y sus implicaciones y se reforzará la atención a coordinación entre los órganos judiciales y la política social”.

“Se establecerá un informe obligatorio a los servicios de bienestar social en caso de desahucio para que las administraciones puedan ayudar a las familias afectadas con el fin de garantizar una alternativa habitacional”, añaden.

CONTRATOS DE ALQUILER MÁS LARGOS
Además, el Gobierno y Unidos Podemos han acordado una serie de medidas para modificar “la normativa del mercado de alquiler inmobiliario que afecta a la regulación de elementos contractuales como los plazos mínimos de arrendamiento, las prórrogas de contrato, las garantías o la revisión de renta”.

Entre otras medidas, “se ampliará el plazo de prórroga obligatoria de los contratos de alquiler de tres a cinco años, y se ampliará la prórroga tácita de uno a tres años para personas físicas” y, en el caso de que la parte arrendadora sea una persona jurídica, “serán 7 años de prórroga obligatoria y 3 de tácita”.

El acuerdo incluye que “si llegada la fecha de vencimiento del contrato, o de cualquiera de sus prórrogas, una vez transcurridos como mínimo cinco años de duración de aquel en el caso de personas físicas o siete años en personas jurídicas, ninguna de las partes hubiese notificado a la otra, al menos con seis meses de antelación a aquella fecha, su voluntad de no renovarlo, el contrato se prorrogará necesariamente durante tres años más”.

También “se establecerá que no se podrán pactar garantías adicionales a la fianza en metálico hasta un máximo de dos mensualidades de la renta”, y quel os gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato irán a cargo del arrendador, en los supuestos en los que el arrendador sea una persona jurídica”.

Asimismo, se acuerda “que el derecho del arrendador a recuperar la vivienda antes del plazo legalmente establecido deba estar recogido en el contrato de arrendamiento, de forma que se impulse la estabilidad para el arrendatario y se conozcan de forma transparente las condiciones del contrato”.

Por último, “se incluirá la posibilidad de que las AAPP competentes ejerzan los derechos de tanteo y retracto cuando la vivienda arrendada se venda conjuntamente con las restantes viviendas o locales propiedad del arrendador que formen parte de un mismo inmueble y cuando se vendan de forma conjunta por distintos propietarios a un mismo comprador la totalidad de los pisos y locales del inmueble”.

Gobierno y Podemos acuerdan regular la publicidad del juego y las apuestas ‘online’ como el tabaco

El Gobierno y Unidos Podemos han acordado aprobar una regulación de la publicidad del juego de azar y
apuestas ‘online’ de ámbito estatal similar a la de los productos del tabaco, según consta en el acuerdo sobre Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019.

El acuerdo –firmado esta misma mañana en el Palacio de La Moncloa por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el secretario general de Unidos Podemos, Pablo Iglesias,– justifica esta medida para “proteger a la ciudadanía frente a la adicción a las apuestas y los juegos de azar y la ludopatía”.

En este documento, el Ejecutivo y Unidos Podemos alertan de que “en estos últimos años han proliferado modalidades de juego ‘online’ que están utilizando fórmulas de publicidad muy agresivas vinculadas a la imagen de personas famosas, habitualmente deportistas de éxito, o a bonos de acceso gratuitos”.

Asimismo, advierten de que “cada vez es más frecuente que las emisiones de los partidos deportivos de fútbol o baloncesto estén inundadas de anuncios que ofrecen apostar en directo, convirtiendo esta actividad en algo muy accesible para todo tipo de personas, incluidos los menores, generando graves problemas de adicción y ludopatía”.

El Gobierno y Unidos Podemos consideran “imprescindible reconducir esta situación” por lo que han acordado estudiar la inclusión en el marco regulador de los juegos de azar y apuestas ‘online’ de medidas de información, gestión y limitación del consumo de juegos, que “permitan reforzar la autoconciencia y autonomía del jugador de cara a prácticas de consumo saludable y prevenir, anticiparse y, en su caso, identificar la generación de patrones de juego problemático, mejorando la protección del consumidor”.

Asimismo, han pactado instar y reforzar la implicación y apoyo de los operadores de juegos de azar y apuestas en el desarrollo de acciones de información, prevención, sensibilización y reparación de los posibles efectos indeseables derivados de la actividad de juegos de azar.

En el documento, también se acuerda “reorientar” la tasa por la gestión administrativa del juego que pagan los operadores ‘online’ para destinar un porcentaje a iniciativas preventivas, de sensibilización, de intervención y de control, así como de reparación de los efectos negativos producidos por la actividad del juego.

Gobierno y Podemos pactan que el permiso de paternidad se amplíe a 8 semanas en 2019 con un coste de 300 millones

El Gobierno de Pedro Sánchez y Unidos Podemos han pactado la equiparación progresiva del permiso de paternidad al de maternidad, según el acuerdo alcanzado para los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año que viene. En 2019, dicho permiso se ampliará a ocho semanas, lo que supondrá un coste de 300 millones de euros.

Así se recoge en el pacto que han firmado esta misma mañana en el Palacio de La Moncloa el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de Unidos Podemos, Pablo Iglesias. La equiparación de este permiso –que actualmente es de cinco semanas– se llevará a cabo progresivamente: en 2019, será de ocho semanas; en 2020, subirá a 12; y ya en 2021, alcanzará las 16 semanas de duración, igualando el permiso de maternidad.

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha explicado que no será inmediato porque supone un esfuerzo económico importante: “Tenemos que hacerlo paulatinamente, nadie puede hacer esto del tirón”, ha manifestado en una entrevista este jueves en Rac1 recogida por Europa Press.

PERMISO “INTRANSFERIBLE”
Según consta en el documento, la equiparación del permiso “deberá establecerse en términos de igualdad, intransferibilidad y remuneración al 100%”. “La equiparación de estos permisos conlleva costes económicos, dado que, a causa de su duración, serán necesarias sustituciones”, señala el acuerdo.

“La medida, que se incorporará a los correspondientes convenios  colectivos, se realizará en diálogo con comunidades autónomas y entidades sociales como complemento al reciente acuerdo sindical para la mejora del empleo público de marzo de 2018”, apunta el documento, que añade que igualmente se planteará en la mesa del diálogo social para que el sector privado “establezca una estrategia de avances
en la misma línea con un cronograma consensuado”.

El texto argumenta esta decisión subrayando que se trata de un “reconocimiento de un derecho laboral individual para cada persona progenitora en igualdad de condiciones”. La equiparación de este permiso, según se destaca el documento, es “una reivindicación constante de la sociedad actual” en el marco de la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y favorece “un reparto equilibrado de responsabilidades familiares y personales entre mujeres y
hombres”.

Calvo ha declarado que los Presupuestos Generales del Estado para 2019 pactados permitirán “restaurar los estragos que se le han provocado al Estado del Bienestar”. El PSOE, según ha señalado, “necesitaba unos presupuestos de la mano del tercer grupo de la cámara para tener en el horizonte un año de trabajo” que vuelva a restaurar derechos sociales.

Escrito por en 11 Oct 2018. Archivado bajo Noticias Nacionales, Última Hora.
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