Otra juez investiga a Empleo por “estafa” en ayudas a discapacitados

A la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía se le abre un nuevo frente judicial —el cuarto en lo que va de año— a cuenta de la gestión de subvenciones. El juzgado de instrucción número tres de Sevilla investiga a varios altos cargos de este departamento por supuesta estafa, prevaricación y apropiación indebida de ayudas procedentes de la Unión Europea que recibe y canaliza la Consejería para incentivar la contratación de discapacitados por empresas privadas, según publica hoy ABC.

El nuevo proceso, que afecta a una Consejería sometida a un implacable asedio judicial en los últimos meses, se suma a la trama de las falsas prejubilaciones y a dos supuestos fraudes relacionados con ayudas europeas y a la contratación destapados por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en colaboración con la Guardia Civil y por la Fiscalía de Delitos Económicos de Sevilla.

Según ha podido saber ABC, la magistrada Patricia Fernández Franco ha abierto diligencias atendiendo a una querella criminal presentada por una empresa afectada por impagos de la Administración autonómica y a la que están estudiando adherirse medio centenar de firmas más que no han cobrado tampoco las subvenciones debido al bloqueo masivo de las órdenes de pago en la Consejería.

Según las estimaciones que maneja la asociación que agrupa a 135 centros especiales de empleo en Andalucía, Aceca, hay cerca de 400 empresas afectadas a las que se les adeuda más de 100 millones de euros correspondiente a tres ejercicios (2009, 2010 y 2011). Empleo reduce a 15 millones el dinero pendiente de abonar.

En el auto, con fecha del 22 de junio pasado, al que ha tenido acceso este periódico, la juez argumenta que «las ayudas de la UE recibidas por la Junta en las distintas Delegaciones de Empleo, vinculadas a la contratación de personas con discapacidad, habrían sido recibidas por la Administración y no entregadas sin causa justificada a la empresa destinataria, comprometiendo de esta forma su viabilidad».

La querella se ha interpuesto contra quien en ese momento era director general de Formación en Empleo, Andrés Sánchez —dimitió poco después de las elecciones municipales—; la exdirectora general de Fomento e Igualdad en el Empleo, María Dolores Luna; los directores de los Servicios Generales de Empleo actuales y, en algunos casos anteriores, de las delegaciones de Jaén, Granada y Málaga; el actual jefe de servicio de contratación del SAE, así como otros funcionarios de libre designación.

Los centros especiales de empleo son empresas bajo tutela de la Administración autonómica cuyas plantillas al menos en un 70 por ciento están formadas por personas con algún tipo de discapacidad.

Dos planes, bajo sospecha

La Consejería, a través del Servicio Andaluz de Empleo, establece un paquete de subvenciones para estimular la inserción laboral de este colectivo. En concreto, el supuesto fraude afectaría a dos programas de ayuda. Por un lado, la Junta, que se encarga de repartir los fondos europeos, tiene una línea de creación de empleo estable que permite acceder a las empresas a un incentivo de 12.021 euros por cada contrato indefinido que se prolongue por un plazo mínimo de tres años. Por otro lado, afecta a las ayudas a las retribuciones o el mantenimiento de puestos de trabajo, que sufragan la mitad del Salario Mínimo Interprofesional (320,70 euros cada mes) del personal discapacitado.

La empresa denunciante también ha solicitado que se suspenda de forma cautelar la obligación de mantener los contratos al menos durante tres años, a lo que estaba comprometida por beneficiarse de los incentivos autonómicos y de las bonificaciones a la Seguridad Social.

La situación se ha tornado dramática para numerosos centros especiales de empleo en Andalucía, que han tenido que echar el cierre y prescindir de sus trabajadores discapacitados debido a problemas de liquidez, según denunció ayer la presidenta de Aceca, María del Mar Martín. Las subvenciones ya resueltas y pendientes de abonarse en algunos casos se remontan a 2007, si bien la mayoría de las empresas aún no han cobrado los fondos europeos correspondientes a 2009, 2010 y 2011. Al bloqueo de las órdenes de pago, se suma la denegación de solicitudes sin justificación.

Escrito por direccion en 29 jul 2011. Archivado bajo Noticias Andalucía, Titular, Última Hora.
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